MAR FERRAGUT. PALMA Las relaciones entre la conselleria de Educación y el sector de la enseñanza concertada pasan por su peor momento. Sindicatos; patronales y asociaciones de padres escenificaron ayer su unión en esta batalla para denunciar en bloque el "trato discriminatorio" que sufren sus centros –que acogen al 32% del alumnado– y "el silencio" de la Administración ante sus quejas y peticiones de igualdad.
La actual legislatura se ha caracterizado por la tensión entre los centros subvencionados y el Govern, una relación que tocó fondo en octubre cuando se hizo público el borrador de un decreto que preveía eliminar la financiación para el Bachillerato y la Formación Profesional. Fue en ese momento cuando se constituyó la Plataforma en Defensa de la Concertada. El borrador quedó paralizado y el conseller Bartomeu Llinàs aseguró que se consensuaría un nuevo texto. El 21 de diciembre las partes se iban a reunir por este tema pero dos días antes el encuentro fue anulado por la Conselleria.
"Y no hemos vuelto a saber nada", denunció ayer Bernat Alemany, presidente de la patronal mayoritaria, Escola Católica. "Es la primera vez en doce años que ha pasado diciembre y aún no se ha publicado la convocatoria de conciertos", añadió. Hasta ahora, esta convocatoria (que salía como orden y no como decreto) para renovar o modificar el concierto salía siempre antes del 31 de diciembre. El decreto de módulos, en el que se regula la asignación económica para el funcionamiento de los centros, tampoco ha sido aprobado y de hecho sigue vigente el de 2009. Alemany criticó además el "funcionamiento irregular" de la dirección de Personal Docente que "deniega la paga de las substituciones con argumentos absurdos e ilegales".
Magdalena Mateu, presidenta de la patronal CECE, habló de "acoso a la concertada", un sector que representa al 38% de los centros educativos de Balears y al 25% de los profesores y que, apuntó, "supone un ahorro de 50 millones al Govern". Y lo peor, consideró, "es recibir el silencio por respuesta", tanto desde la conselleria como desde el Consolat de Mar ya que según apuntó Alemany en noviembre solicitaron una reunión con Francesc Antich y "ni siquiera" les han contestado. "Hay poco diálogo o ninguno", criticó el presidente de Escola Catòlica, "hay parálisis".
Desde las asociaciones de padres, tanto Caty Lorenzo (de Confaecib) como Cristina Fiol (de Concapa) denunciaron la discriminación que sufren las familias que eligen educar a sus hijos en la concertada. "Nos excluyen de los programas de refuerzo; de las ayudas para el comedor, el transporte y los libros de texto, de la dotación de pizarras digitales y conexión wi-fi en los centros", lamentó Lorenzo. Fiol por su parte solicitó la creación de comisiones mixtas de federaciones de padres y representantes de la Conselleria.
Los profesionales que desarrollan su labor en estos centros también hace tiempo que están expresando su descontento con el trato de la actual Administración. Antoni Sacarés, del sindicato FSIE, criticó que el Govern primero rompió el acuerdo de equiparación salarial con los interinos de la pública que se alcanzó en 2008 , y después les tocó sufrir el "recorte automático" del 5% de su sueldo, comos si fueran funcionarios. Ismael Alonso, de USO, lamentó que la situación "es peor que hace cuatro años, retrocedemos en vez de avanzar y no toda la culpa es de la crisis".
Joan Perera, director de la Unión de Asociaciones de Centros de Asistencia a Personas con Discapacidad de Balears (UNAC), habló como responsable del centro de educación especial Príncipe de Asturias y lamentó que la integración de las personas con discapacidad está "sufriendo un retroceso". Francisca Picornell, presidenta de la federación de guarderías privadas de PIMEM, lamentó que la Administración "crea gastos tremendos" y "no optimiza los recursos".
Las Cooperatives d´Ensenyament, que también forman parte de la red concertada y engloban centros como el CIDE, Aula Balear o el Liceu, no están en la Plataforma en Defensa de la Concertada pero coinciden en que hay "muchas cosas que mejorar", como los módulos económicos o el plan informático. Así lo indicó Xavier Seguí, secretario general, quien lamentó que no se les haya invitado formalmente a participar en esta plataforma, a pesar de que desde ésta se asegure "que se ha convocado a todas las partes".